La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió analizar la Ley de Austeridad de la Ciudad de México tras la impugnación hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) donde argumentan que el salario de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no debería ser el tope máximo para los funcionarios capitalinos.

Luis Raúl González, titular de la CNDH, expuso en la demanda que los diputados de la Ciudad de México no desarrollaron las bases y principios constitucionales para hacer efectivo su contenido, por lo que deja en incertidumbre jurídica a los trabajadores de los dependencias y órganos autónomos al no fijarles el salario.

Sheinbaum tiene un salario de 104 mil pesos al mes, con el descuento de impuestos le quedan 74 mil 364 pesos.

Se reclamó la invalidez pues la percepción que reciba el Presidente de la República es el único parámetro al que debe sujetarse la determinación de remuneraciones de los trabajadores del Estado.

 “Lo cual transgrede lo previsto en el numeral 127 de la norma fundamental que establece como único y exclusivo tope salarial máximo, para todos los servidores públicos de todas las esferas competenciales (Federal, local y municipal), el del Presidente de la República”, argumentaron ante la SCJN.

El 31 de diciembre de 2018 en la Gaceta Oficial entró en vigor la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos en la Ciudad de México.

Según la Comisión, dicha ley “vulnera los derechos a la seguridad jurídica y el principio de progresividad”.

Además, se pronunció en favor de que las remuneraciones sean reguladas de conformidad con la Carta Magna, y la Ley de Austeridad no lo garantiza, destacó

En la acción de inconstitucionalidad 26/2019, también apunta que se violentan derechos fundamentales como el derecho a la igualdad y no discriminación.; a la seguridad jurídica; a una remuneración, anual, irrenunciable y proporcional a las responsabilidades; a los principios de taxatividad y legalidad; así como a la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

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