Controvertido y tenso, así se refirió Amador Rodríguez Lozano, futuro secretario de Gobierno de Baja California, al proceso de transición entre la administración saliente de Francisco Vega de la Madrid con la del gobernador electo Jaime Bonilla Valdéz.

Además, en torno la extensión de mandato de Bonilla de dos a cinco años, dijo que se hizo lo correcto para defender la soberanía del estado, y que hay quienes . “no están acostumbrados a que los estados piensen libremente”.

Rodríguez Lozano acusa que ha habido resistencias en la entrega de información, por lo que buscan que el Congreso, con mayoría de Morena, reforme la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos para castigar hasta con tres años de cárcel a los servidores públicos salientes que nieguen, oculten, alteren o destruyan la información, bienes y recursos a su cargo.

“Rechazamos esa situación, les dijimos que si no había cambios, que no se les olvidara que ahora nosotros tenemos el control del Congreso, que podíamos reformar la ley”, advirtió el futuro funcionario estatal.

LEY BONILLA

Respecto a la llamada Ley Bonilla, que extiende el mandato del gobernador electo de dos años a cinco, Rodríguez Lozano dijo que no se vulneró ningún artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que la oposición carece de la fuerza para revertir esta legislación en el Congreso local. Advirtió que son pocos los actores políticos a nivel federal y local que pueden interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que se realizó un ejercicio libre del poder constituyente de Baja California (Congreso y ayuntamientos).

FINANZAS ESTATALES

Amador Rodríguez Lozano aseguró que el Poder Ejecutivo estatal no entregará finanzas sanas, ya que de entrada se le debe a la Universidad Autónoma de Baja California mil 84 millones de pesos. “Ha habido muchos problemas de falta de recursos, no sé cómo vaya a andar para la nómina de fin de años de los profesores, sufrió para pagarle a los trabajadores del Cobach, los burócratas han hecho paros en virtud de que no les ha llegado a tiempo el dinero”.

Al hablar con Francisco Vega de Lamadrid la semana pasada les aseguró que no tenía para pagarle a los maestros la quincena, le pidió a las autoridades federales 260 millones de pesos.

Aclaró que el dinero que entregó el gobierno federal a principios de año se utilizó para otros objetivos. “El siguiente secretario de finanzas deberá dar un seguimiento de qué se hizo con ese recurso, que de acuerdo a la ley, quien utilice el dinero que el Congreso señala para una cosa y gasta en otra se llama peculado”

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