Humberto Rodríguez Losilla, director General de Administración del Consejo de la Judicatura, mencionó que al Poder Judicial del Estado le fue autorizado un presupuesto de egresos de mil 772 millones 800 mil pesos, ahí se incluyen 183 millones 900 mil pesos para cubrir las obligaciones de contratos con Asociaciones Público Privadas (APP).

Bajo este esquema el Poder Judicial de Veracruz puede acceder a financiamientos con inversionistas privados, que agreguen recurso al ya obtenido en el sector público; así se podrán tener proyectos productivos y eficientes, además de novedosos, todos reconocidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y así es como se encuentran las licitaciones de los futuros módulos judiciales.
La empresa Despacho Deloitte Asesoría Financiera S.C., fue contratada para brindar la consultoría y asesoría en dichos proceso de Licitación Pública Nacional y poder adjudicar de manera legal los contratos de Asociación Público Privada (APP), explicó Rodríguez Losilla.

Con base en ello, desestimó las versiones que dijo fueron erróneas y tergiversadas, sobre las licitaciones ya otorgadas por el Poder Judicial para la creación de ciudades judiciales, así como los señalamiento sobre las presuntas empresas a quienes ya fueron concedidas la construcción de las obras.
Explicó que, en el análisis y tras haber obtenido una mayor puntuación por las propuestas técnicas y económicas, se declaró ganadores de los contratos de manera individual, para que estos planeen y ejecuten la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de las ciudades judiciales a:

Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A de C.V.; Consorcio Integral de Comercio Exterior, S.A.P.I. de C.V.; Construindustrias Comerciales, S.A., de C.V.; Concesiones y Promociones RUA, S.A.P.I. de C.V; Desarrolladora de Caminos, S.A. de C.V. y Constructora y Promotora Malibrán S.A. de C.V.
Para finalizar, expresó que la Ley de Asociaciones Público-Privadas del Estado de Veracruz, tuvo un última reforma y fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 21 de julio de 2017, la cual establece las bases para el fomento y regulación de los esquemas de asociaciones público-privadas que el Poder Judicial puede llevar a cabo y está realizando en este momento.

 

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