El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aprobó el formato de las declaraciones 3de3 donde se obliga a todos los servidores de los tres niveles de gobierno a transparentar sus ingresos y egresos, además de que se pedirá a los poderes legislativos y ejecutivo, expliquen la forma en que se selecciona a jueces y magistrados, y se crearán mecanismos de identificación y seguimiento a casos donde se presenten faltas administrativas y hecho de corrupción, sin que esto signifique que el comité supla atribuciones.

Durante la tercera sesión ordinaria del SNA se aprobó la reestructuración de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). David Colmenares explicó que se pretende incrementar las auditorías, eliminar el esquema de juez y parte y una mayor interacción con la cámara de diputados.

El auditor informó que derivado del análisis de la cuenta pública 2017 que se presentará en octubre, se tienen listas denuncias penales por irregularidades encontradas en cuenta pública.

Por su parte Carlos Chauraid, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa advirtió que habrá casos en los que demande la ilegalidad del formato nacional para declaración patrimonial, por ello estamos listos para esto “mi voto no compromete ni limita los criterios jurisdiccionales que aplicarán los juzgados apoyamos las propuestas”.

Por su parte Alfonso Pérez Daza, del Consejo de la Judicatura Federal, dijo que este formato constituye un acto de naturaleza legislativo, aunque la aprobaciones no prejuzga el análisis legislativo.

“Fue una sociedad más crítica la que impulsó los cambios para combatir actos de corrupción, es la cristalización de reclamos ciudadanos”, afirmó Pérez Daza.

Otro punto que se aprobó fue el protocolo para prevenir, detectar, investigar y perseguir el cohecho internacional, presentada por la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, y las base de la Plataforma Digital Nacional.

El comité aprobó la estrategia para implementar mecanismos para la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, donde se expresó que junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Economía se llevará a cabo un análisis del llamado beneficiario final.

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