El candidato a regidor por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el municipio de San Marcos de la costa chica de Guerrero, Rodrigo Salado Agaton, fue asesinado a balazos en la localidad de Plan de los Amantes.

Primero reportes apuntan que tres sujetos armados, quienes viajaban en un auto, se le emparejaron a la camioneta en donde se transportaba Santiago Salado y posteriormente le dispararon en repetidas ocasiones.

La Fiscalía del Estado confirmó el ataque el cual ocurrió en la comunidad de Plan de Los Amates en Barra Vieja sobre la carretera entronque El Potrero-Lomas de Chapultepec, y sostuvo que ya se encuentran investigando la agresión.

Indicó que policías ministeriales junto con otras corporaciones policiacas implementaron un operativo de búsqueda para dar con el paradero de los agresores, por lo que ya integraron una carpeta de investigación por el delito de homicidio “en contra de quien o quienes resulten responsables de éste hecho lamentable”.

Santiago Salado era originario de la comunidad Las Vigas, San Marcos y aspiraba a la tercera regiduría de la coalición PRI-PVEM. Con este suman seis los homicidios de políticos en el 2018 en la entidad, entre ellos el del reciente asesinato del candidato a regidor en San Marcos, Rodrigo Salado por el PRI; otro fue el del candidato a diputado local del distrito 17 de Tierra Caliente y alcalde con licencia de Coyuca de Catalán, Abel Montufar Mendoza cometido el día 8 de mayo.

Además, el asesinato del dirigente del Partido Encuentro Social (PES), Gabriel Hernández Alfaro cometido el día 18 de enero; la precandidata del PRD por el Distrito 25, Antonia Jaimes Moctezuma ocurrido el 21 de febrero; la aspirante priista a una candidatura por el distrito 25 de Chilapa, Dulce Nayeli Rebaja Pedro el 25 de febrero; el precandidato a la alcaldía de Zihuatanejo por el PRD, Homero Bravo Espino el día 25 de febrero.

Tras los asesinatos de diversos actores políticos en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, dijo observar una situación especial de riesgo, y exhortó a autoridades del país a garantizar la seguridad durante el proceso electoral.

De acuerdo con la CIDH, desde septiembre de 2017 y hasta abril de este año, se han registrado altos niveles de violencia en contra de personas que ocupan y ocuparon cargos políticos así como precandidatos y candidatos, particularmente a nivel local.

“Importantes fuentes indican que se han registrado decenas de asesinatos en contra de distintos actores políticos ocurridos en las precampañas e intercampañas; amenazas a actores políticos y de agresiones contra mujeres políticas, muchas de las cuales son precandidatos y candidatos”

Ante estos hechos, la Comisión dijo esperar que el Estado mexicano “siga adoptando todas las medidas necesarias a fin de garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y la seguridad de aquellas personas candidatas a cargo de elección, así como de las personas que ocupan dichos cargos, de todas las razas y etnicidades, sin distinción”.

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