La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la subdirectora de Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia de España confirmó que el Consejo de Ministros de ese país determinó que la solicitud de extradición formal de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), presentada por esta institución, reúne los requisitos para continuar el procedimiento en vía judicial.

Señaló que el Gobierno mexicano, a través de la Fiscalía, ya envió la solicitud formal de extradición y sus anexos fueron enviados al Juzgado Central de Instrucción 1 para continuar con el procedimiento.

Mediante una tarjeta informativa, explica que el Ministerio de España dictó auto y fijó el 30 de julio próximo para que se realice la audiencia prevista en el artículo 12 de la Ley de Extradición Pasiva, en la que se solicitará a Alonso que manifieste si accede o no a la extradición.

La FGR estima que podría ser en el mes de septiembre que se eleve el expediente a la Sala de lo Penal de aquel país.

El dueño de Altos Hornos de México fue detenido el pasado 28 de mayo en Mallorca, España, como resultado de una denuncia presentada el 5 de marzo ante la FGR por la apoderada legal de Pemex, con motivo de una serie de delitos que motivaron un grave daño patrimonial a esa empresa del Estado, indicó la Fiscalía.

La Fiscalía informó que se encuentran diversas órdenes de aprehensión en ejecución como resultado de más de dos meses de diversas diligencias.

“Siendo la última de éstas, la querella que se le solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual es un requisito de procedibilidad que debe mantenerse con estricto apego a la ley”, dijo.

Posteriormente el 1 de junio, Ancira pagó la fianza de un millón de euros que le impuso el juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, para poder abandonar el centro penal en donde se encuentra, mientras se decide su posible extradición a México.

Con el pago de la fianza, el dueño de Altos Hornos de México deberá comparecer cada dos días ante el Tribunal o en el domicilio que se fije y se le ha prohibido rotundamente salir de España, por lo que le fueron retirados sus pasaportes emitidos por autoridades mexicanas y estadounidenses.

Ancira, de 67 años de edad, es acusado por las autoridades mexicanas de cargos de corrupción y lavado de dinero, vinculados con la presunta venta irregular que hizo a Pemex de una planta de producción de fertilizantes en 2013

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