La propuesta de reestructuración de las Salas del Tribunal Superior de Justicia se basa en argumentos bastante sólidos:

1. Hay la mitad de carga de trabajo en las Salas Penales
2. Si se elimina una Sala Penal, hay suficiente personal para cubrir la demanda de trabajo
3. Al eliminar una Sala Penal existe un ahorro significativo
4. Al eliminar una Sala Penal el Tribunal se vuelve más eficiente

¿Quién saldría perjudicado con esta decisión?
Nadie, los casos seguirán su rumbo y el personal será reubicado.

Durante los últimos años, el trabajo de las Salas Penales ha bajado casi 50%. Gracias a la entrada de la oralidad en materia penal y a otros factores, actualmente las Salas tienen mucho menos trabajo que hace unos años.

Debido a una tendencia a la alza en las Salas Civiles, actualmente se tiene una notoria disparidad en las cargas de trabajo: 832 asuntos por Sala Penal y 1,220 y 1,414 por Sala Civil y Familiar. En pocas palabras, las Salas Penales atienden 31.8% menos asuntos por Sala que sus pares Civiles y 29.67% menos que sus pares Familiares.

 

Eliminando tan solo una Sala Penal, se ajustaría la cifra de casos atendidos a una más equitativa. En dado caso, la totalidad del personal adscrito a la Sala sería reubicado en espacios de igual o mejor categoría. En el caso de los Magistrados, se integrarían provisionalmente a alguna de las ponencias vacantes existentes en la 1ra, 3ra, y 5ta Salas.

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