Cuando el priista, Javier Duarte huyo para refugiarse en medio del Lago de Atitlán en Panajachel, Guatemala rodeado de tres orondos volcanes, cerros y pueblos donde pulula la pobreza, el estado que gobernó quedó al borde del colapso: Ayuntamientos en bancarrota, bloqueos carreteros del magisterio reclamando pagos, organizaciones campesinas reclamando proyectos productivos etiquetados y no entregados, el palacio de gobierno tomado y una economía veracruzana paralizada ante la nula fluidez de recursos gubernamentales.

Más de treinta alcaldes del PAN y el PRD, acompañados de síndicos, regidores y empleados de confianza tomaron por asalto el Palacio de Gobierno donde despacho Duarte durante 70 meses, irritados y desesperados, porque la actual administración les quedó a deber recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun); Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (Fais), Fondo Para la Infraestructura Social Municipal (Faism), así como otras ministraciones locales para el pago de nómina y servicios personales desde hace tres meses. Hoy, esos recursos continúan siendo rastreados en ranchos de Veracruz, Estado de México y Chiapas, departamentos de lujo en Boca del Río, Ciudad de México, Estados Unidos y España, en terrenos de Quintana Roo y Yucatán, en empresas hoteleras de la Riviera Maya y en propiedades y cuentas bancarias de varios de sus familiares, entre ellos, su esposa, Karime Macías de Duarte.

Hace un año, Duarte de Ochoa llegó al estudio de Televisa, pactada una entrevista con Carlos Loret de Mola, Duarte con 30 kilos menos de peso de cuando tomó protesta como gobernador de Veracruz y con una chillante corbata roja y traje obscuro negro le soltó al comunicador de Chapultepec: “Pido licencia el cargo, para hacer frente a todos los señalamientos que un corrupto como Yunes Linares ha puesto en mi contra”. 7 días después, la PGR emitiría una orden de aprehensión en contra del exmandatario veracruzano, quien sería aprehendido más de un semestre después (15 de abril).

365 días han pasado desde aquella huida anunciada subliminalmente en Televisión y hoy varios excolaboradores de Duarte ya se encuentran en prisión: el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez –apenas el martes le fueron cateadas varias propiedades-, su extesorero, Mauricio Audirac Murillo –detenido en Puebla cuando pretendía comprar un auto de lujo-, el exsecretario de Obras Públicas, Francisco Valencia –quien brincó a boyante empresario restaurantero mientras tenía cargo gubernamental- y la exjefa de prensa de Duarte, Georgina Dominguez Colio, quien de ser directora de un modesto periódico local en Veracruz (Diario AZ), se convirtió en empresaria de dueños de medios de comunicación e inversionista de un hoteles boutique en el pueblo mágico de Xico.

Con Duarte, su administración que duró 70 meses carga una losa de 19 periodistas asesinados, 3 mil, 600 personas desaparecidas –el 75 por ciento de ellas jóvenes-, más de 7 mil homicidios y una deuda pública superior a los 40 mil millones de pesos, más una asfixia financiera en todos los organismos autónomos como la Universidad Veracruzana, el Instituto de Pensiones del Estado, el Poder Judicial del Estado y la Fiscalía General del Estado.

Aunque, la justicia, aún se encuentra a medias, varios de los colaboradores de Duarte, y que según están siendo investigados continúan en libertad.

Según la carpeta de investigación 1135/2016 de la FGE, se documenta que Edgar Spinoso –actual diputado federal del PVEM- y ex Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz le aparece la escritura pública 27950, inscrita en la Notaría Pública 11, que da cuenta de una propiedad de Torre de la Palmera en Boca del Río, oficinas 1003 y 1005, con un valor de 8 millones de pesos.

También es dueño de las oficinas 203 y 1212 en Torre Ánimas en Xalapa, las cuales están valuadas en 7 millones de pesos y se encuentran registradas en la Notaría número 15, así como de dos departamentos en Houston, Texas, en la unión americana a nombre de su esposa, los cuales tienen un valor global de 2 millones 140 mil dólares. Spinoso al día de hoy ha sido intocado por el gobierno federal o el local.

A Vicente Benítez –actual diputado local del Partido Nueva Alianza- y quien fue despedido de la Tesorería de Veracruz cuando la Policía Federal le encontró 25 millones de pesos en el aeropuerto de Toluca; Yunes Linares le atribuyó en la misma querella propiedades en Costa Rica, así como hoteles y terrenos. La PGR abrió una investigación, pero Benítez tuvo acuerdos con la bancada local del PAN y ya las diligencias en su contra quedaron entrampadas.

En la misma carpeta de investigación de la FGE, el gobernador Miguel Ángel Yunes –quien aparece como denunciante, cuando fungía como legislador federal- señala a varios supuestos prestanombres de Duarte: José Juan Janeiro Rodríguez, de Controladora Prado Norte, con domicilio en Lomas de Chapultepec; Inmobiliaria Cartujano, donde aparecen Moisés Mansur Cysneros y José Antonio Bandin Ruiz; Boydar S. de R.L., de José Juan Janeiro Rodríguez, y Valkany S. de R.L., de Janeiro Rodríguez y Bandin Ruiz, varios de ellos, ya colaboraran con la PGR para rastrear el dinero y las propiedades del mandatario veracruzano y las cesiones que se le hicieron a su familiares.

A la cuñada de Duarte y a su suegra, Mónica Guihan Macías Tubilla y María Virginia Yazmín Tubilla Letayf, respectivamente, la PGR las investiga por sus propiedades en Woodlands, Texas.

En las querellas de la PGR y en la FGE, a Duarte también se le siguen diligencias por propiedades reportadas en Estados Unidos (las ya citadas de Woodlands, Texas), en las ciudades españolas de Madrid y Bilbao y por sus departamentos en la Torre Publex, Torre Levant y Torre Pelícano, de Boca del Río.

Los suegros de Duarte, Antonio Macías Yazegey y su esposa optaron por irse a vivir a un rancho en el vecino estado de Chiapas, no sin antes tramitar los amparos (1167/2016 y 1168/2016) para evitar ser detenidos.

Mientras tanto, en el reclusorio norte de la Ciudad de México, Javier Duarte continúa con una prisión preventiva de un año, esperando el inicio de su juicio, ya alejado de los reflectores nacionales, luego del sismo que sacudió a la Ciudad de México y a otras entidades, los huracanes que devastaron ciudades del sureste del país, más otros cismas políticos al interior del PRI y del PAN, que hacen que de Duarte, a un año de haber solicitado licencia al cargo, ya pocos se acuerden.

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