Desde 1 de febrero se instalaron una veintena de parquímetros en la colonia Tabacalera, delegación Cuauhtémoc, como parte de la extensión del programa Ecoparq, sin embargo, hasta hoy se desconoce cuál es la empresa beneficiada en este polígono.

Se solicitó a la Secretaría de Movilidad (Semovi) vía Unidad de Transparencia copia de la concesión que debió otorgar a un particular para la instalación –y eventual operación- de estos parquímetros, sin embargo el documento fue reservado por tres años.

En un oficio del 18 de junio, el director de Control de Estacionamiento en Vía Pública, Luis Gabriel Fagoaga, refirió que la reserva obedeció a que el 29 de mayo pasado el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, ordenó una auditoría al programa Ecoparq.

Sin embargo, se ofrecen razonamientos políticos para no abrir la concesión; “con motivo de lo anterior (la auditoría), la secrecía y el sigilo son necesarios a efecto de evitar entrometer opiniones de terceros que puedan suscitarse de hacerse pública”, se dice.

Y se añade: “la falta de conocimiento relacionado al tema de parquímetros ha ocasionado un sinfín de opiniones sin tener la claridad del tema y esto llevarlo a un descontento ciudadano ocasionando una mayor desinformación como descontento del tema”.

El 22 de mayo pasado este diario publicó que de acuerdo con habitantes de colonias Hipódromo y Polanco, donde opera Ecoparq, no había transparencia en el manejo de los recursos y que las cuatro empresas que operan parquímetros tienen mayor ganancia.

Al día siguiente El Sol de Méxicoinformó que una de las cuatro empresas que lucran con el programa de Ecoparq opera desde una cochera en la colonia Anzures; esto derivó en que el mandatario capitalino ordenara se abrieran las cuentas del programa.

DUDAS SOBRE EL PERMISO

El 13 de febrero pasado, tras la oposición vecinal que siguió a la colocación de los parquímetros en la Tabacalera, la Semovi –según una nota periodística- argumentó que no se consultó la instalación porque contaban con un permiso de 2014.

En efecto, El Sol de Méxicotiene copia del permiso 2014/011-10/O/2 otorgado por la Oficialía Mayor a la empresa Mojo Real Estate el 2 de mayo de 2014 en el que se le autorizan parquímetros en Tabacalera, San Rafael, Santa María la Ribera y Guerrero.

El 13 de marzo –poco más de tres meses antes de que se dijo que la concesión era reservada- el propio Fagoaga entregó el PATR arriba mencionado cuando –por transparencia- se le pidió copia del permiso para instalar parquímetros en la Tabacalera.

Sin embargo se pudo confirmar en la propia Oficialía Mayor y en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) que el 20 de octubre de 2017 –para ese entonces la Semovi ya controlaba Ecoparq- se declaró extinto el PATR a petición de la empresa.

De acuerdo con el Reglamento para Control de Estacionamiento en la Vía Pública, publicado en la Gaceta Oficial el 2 de agosto del año pasado, le corresponde a la Semovi otorgar las concesiones a particulares para la operación de los parquímetros en la ciudad.

Pero al igual que el Fondo que se creó con la comisión de 1.5% de cada viaje de Uber y Cabify, esta información se clasificó como reservada, por lo que se desconoce si Mojo Real Estate se quedó con el polígono de Tabacalera o se dio a otra empresa.

ANALIZAN AMPARO

Entrevistado aparte, el abogado Jorge Pola, defensor de los vecinos de las colonias Juárez y Cuauhtémoc que se oponen a la ampliación del horario de los parquímetros, explicó a este diario que analizan interponer un amparo para demandar que se abran las cuentas del dinero recaudado en el polígono.

Lo anterior, puntualizó, sería en caso de que la Secretaría de Finanzas y la Contraloría falten a lo anunciado el lunes pasado sobre transparentar no sólo los recursos de Ecoparq, sino también los de los polígonos de Juárez y Cuauhtémoc, que operan desde 1994.

El argumento legal detalló el litigante del despacho A&J Consultores, serían el artículo 6 de la Constitución Política, sobre acceso a la información, así como el 113, que habla a cerca de la fiscalización y control de los recursos públicos provenientes de este tipo de rubros.

Añadió que los juicios de nulidad y de amparo que interpusieron en abril pasado en contra de la ampliación del horario y del polígono, siguen en curso y están a la espera de que se fije la fecha para la audiencia constitucional.

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