El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dijo que se investigan los recursos para una asociación ganadera, propiedad del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, provenientes del gobierno del estado de Nayarit.

En entrevista para el programa televisivo “Despierta con Loret” el titular del organismo, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que Financiera Rural dio recursos a una asociación ganadera, cuyo propietario era César Duarte.

Sin embargo, dicha asociación recibía recursos a su vez de Nayarit, y existe un intercambio de adquisición y de venta de ganado entre César Duarte y el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, financiado con recursos de naturaleza pública.

“A partir de ahí hemos detectado transferencias de recursos a cuentas, en el caso particular de Cesar Duarte, y de ahí se movilizaban a las adquisiciones de bienes inmuebles, así como para la generación de una unión de crédito, entre otros elementos de naturaleza ilegal”.

Al ser cuestionado si el boxeador mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez está siendo investigado por posibles vínculos con una fundación mediante la cual Roberto Sandoval habría lavado dinero, puntualizó que hay un depósito, pero no es algo significativo.

“El canelo hace un depósito a una de las fundaciones en donde participa el exgobernador Sandoval, sin embargo, no tenemos ningún elemento o indicio que permita llevar a la conclusión de que el Canelo está vinculado con una actividad delictiva”.

Sobre el exmagistrado de Jalisco, Isidro Avelar, dijo que se trata de un caso más problemático por el impacto de sus sentencias, pues tenía en sus manos la liberación del “Menchito”, y son elementos negativos para la impartición y procuración de justicia.

En ese sentido, Nieto Castillo comentó que su dinámica financiera no es acorde con lo que ganaba, pues como magistrado recibió 26 millones de pesos del Consejo de la Judicatura Federal, y durante toda esa operativa recibió más de 76 millones de pesos en depósitos en efectivo.

El gobierno tiene la obligación, por tres convenios internacionales que suscribió, generar las medidas administrativas y legales suficientes para combatir el tráfico de estupefacientes, el lavado de dinero y los casos de corrupción.

Esto obliga a generar relaciones bilaterales y multilaterales para llevar casos a órganos internacionales y poder generar el bloqueo de cuentas, fundamental para lograr los fines del combate al lavado de dinero, puntualizó.

Así como en cheques por pago de despachos e inversiones que eran generadas a partir de transferencias o depósitos en efectivo, lo cual no es acorde con la situación financiera del titular de un órgano jurisdiccional.La procedencia de recursos para dicha asociación, explicó Santiago Nieto, provenía de recursos federales y estatales, por lo que se generó un proceso que permita bloquear las cuentas por esas actividades, en donde en 48 horas se podrá reportar cuál sería el monto final.

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