El día de ayer, 07 de febrero de 2019, se aprobó por la SCJN con 8 votos a favor y 2 en contra, la aplicabilidad de Impuestos Ecológicos por parte de los Edos.

Desde diciembre del 2017, el edo. De Zacatecas, como resultado de haber iniciado el quinquenio 2017-2022 con las arcas vacías y con severos problemas económicos, deuda pública y del estado; el gobierno de Alejandro Tello solicitó a la Federación, siendo Presidente de la República Enrique Peña Nieto, un aumento en el presupuesto al Edo. De Zacatecas. La respuesta fue rotundamente negativa, ya que se habían aprobado con anticipación el ejercicio de presupuestos a las entidades federativas. Como resultado, el Gobernador Alejandro Tello, apoyado por sus Secretarios: Víctor Armas y Jorge Miranda (Agua y Medioambiente; y Finanzas, respectivamente), promueve la creación de un impuesto estatal para recaudar dinero y tener obra e infraestructura en la entidad, además de los programas sociales. Desde un principio, y como resultado de la negativa de ampliación de presupuesto por parte de la Federación, se percibió que había sido un claro movimiento para forzar al entonces Presidente Enrique Peña Nieto a autorizar el presupuesto solicitado; era de esperarse que la Industria Extractiva (Cervecera, Construcción, Minería Metálica y No Metálica) se manifestarían en claro desacuerdo ante el Presidente Peña, ayudando a hacer presión indirectamente al Gobernador Tello para que obtuviera lo que solicitaba.

La postura de las empresas, obviamente, fue debido al incremento de cargas fiscales impositivas. Aún no se olvida la creación en octubre del 2013 de la Ley Federal de Derechos para el Desarrollo de los Estados y Municipios Mineros, mejor conocida como: “Fondo Minero”; el cual se creó para ejercerse en infraestructura principalmente. Aunque para eso han sido creados los impuestos del ISR y el IVA, la Cámara Alta decidió aprobar este Fondo Minero, que siendo un Pago de Derecho se impuso un pago de 7.5%, además de un Impuesto Suntuario de 0.5% adicional para aquellas Minas que produjeran Oro, Plata o Platino. Gran parte de la inversión Minera de Exploración y parte de Explotación se retiró a otros países (Perú, Argentina, Chile) que abrieron sus puertas a estas inversiones, captando lo que nuestro país dejó ir.

Una molestia adicional a la posible creación del “Impuesto Ecológico”, fue que la razón de su implementación por parte del gobierno zacatecano nada tenía que ver con el cuidado, protección o remediación del medioambiente; de hecho se contrapone con las garantías de “Fianzas de cumplimiento”, y todas las actividades propuestas en nuestros Estudios de Impacto Ambiental y los resolutivos y condicionantes para cada autorización; “compensaciones forestales”; y se pagan los derechos por Manifiestos de Impacto Ambiental, cambios de uso de suelo en terrenos forestales e Informes preventivos. Y otros pagos para los trámites ambientales que las empresas realizan a SEMARNAT, CONAFOR, y PROFEPA; siendo dicho “Impuesto Ecológico” sólo de carácter recaudatorio, para compensar la falta de presupuesto, y no para “remediar” el medioambiente (que ya lo hacen las empresas mismas, como parte de los permisos ambientales).

El resultado de este movimiento, fue que el Presidente Peña Nieto iniciara un proceso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se hacía hincapié de que solo la Federación tenía la atribución de crear y recaudar impuestos; generando molestia evidente y abierta por parte del Gobierno Estatal de Zacatecas.

Las empresas mineras, las organizaciones y asociaciones civiles dedicadas a la minería, somos los primeros en cuidar el medioambiente como parte de nuestras operaciones, y lo realizamos de manera cotidiana implementando esa cultura “verde” a nuestros empleados, operadores y trabajadores. Siendo evidente el cuidado, en unidades mineras se tienen UMA (Unidades de cuidado al Medioambiente), Jardines botánicos, zoológicos, incluso somos custodios de especies de flora y fauna en peligro de extinción y nativas de la región donde laboramos. Somos la única actividad industrial que siembra más árboles que cualquiera de los organismos ambientales gubernamentales.

De la misma manera, sabemos de las atribuciones federales y estatales, y no buscamos una controversia con ambos gobiernos. Pero la manera que han pretextado la creación de dicho impuesto de: “justicia”, “justicia social”, “grandes consorcios que afectan sin miramiento al medioambiente”, etc., deja en claro que interesa la exacerbación de sentimientos de la población, actores políticos y organismos protectores del medioambiente; para la creación de impuestos adicionales que de seguir así ahuyentaría la inversión minera (y no minera) de las entidades federativas, minimizando aún más la captación en materia de impuestos estatales (i.e. para Zacatecas el PIBE actual es del 26.6%).

En resumen, nuestra preocupación es que el impuesto ecológico pierda su fin y sea empleado para saldar deudas estatales, como es el caso de Zacatecas, que se usa para pagar a los maestros que se tienen contratados en exceso por acuerdo de gobiernos anteriores. Creemos que esto podría abrir las puertas a los demás estados para implementar nuevos impuestos y generar situaciones similares que harían que las operaciones y las exploraciones mineras sean totalmente incosteables, trayendo como consecuencia una fuga de inversiones en el país, dejando a las personas sin trabajo, y a los gobiernos sin recaudación.

Y la pregunta importante es: ¿son necesarios más impuestos, o que los actuales se apliquen efectivamente?

 

*Artículo retomado de Comunidad Minera

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here