Después de dos horas y media de suplicio, Juan Carlos García Azcona de la Dirección de Concertación Ciudadana ofreció al hombre que se crucificó frente a Palacio Nacional una cita para el próximo viernes 5 de abril.

“Estamos a la espera de poder dialogar con el subsecretario Encinas para poder establecer una mesa de trabajo y aunque don Alejandro por su salud no podría asistir le apoyaremos para exponer las necesidades que tiene”, detalló.

El también Presidente del llamado Congreso Nacional de la Unidad de los Pobres aseguró que en dos meses que tienen el plantón afuera de Palacio Nacional, desde el pasado 31 de enero, no han recibido respaldo del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a sus demandas de regularización de tierras, reparación del daño y regreso a su comunidad de la que fueron desplazados.

Personal de protección civil de la dependencia le dieron atención medica y le diagnosticaron la presión arterial elevada y la glucosa en niveles descomunales: 250.

Don Alejandro aseguró ser indígena y desplazado del estado de Oaxaca, recurrió a Gobernación al no ser escuchado en el Palacio Nacional por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pesquero de profesión, esta vez no se sujetó a su cruz porque su condición física y de salud no se lo permitieron; tiene 79 años de edad y fue desplazado en 2010 del Ejido Los Canseco en el municipio del Camarón, junto a su esposa Alfonsa Martínez, por un problema con productores de papaya que los acusaron de daños a su propiedad por la construcción de estanques para producir mojarras, motivo por el que fueron encarcelados dos años.

Cabe destacar que en el mes de noviembre de 2015, la señora Alfonsa Martínez de 65 años, falleció luego de ser atropellada sobre la carretera 190 en el municipio de Tlacolula de Matamoros.

Alejandro Rojas, a pesar de su deteriorado estado de salud busca que las autoridades de Oaxaca y del Gobierno Federal le apoyen.

Enfermo, con la presión y azúcar en niveles altos, Don Alejandro Rojas Arrazola se manifestó con su cruz de madera a las afueras de la Secretaria de Gobernación con la esperanza de conseguir una ausencia con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.Ante esto, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) determinó en 2013 que se registró un severo abuso de autoridad y por lo que las autoridades debería de resarcir los daños económicos contra de la pareja, sin embargo nunca vieron un peso.

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