A lo largo de tres décadas, la Secretaría de la Contraloría del gobierno estatal ha pasado por diferentes etapas y avances, particularmente en lo que corresponde a las leyes que rigen a los servidores públicos.

En entrevista con El Sol de Toluca, Javier Vargas Zempoaltecatl, titular de la dependencia, consideró que los dos últimos años han sido determinantes para el avance de las tareas que deben llevar a cabo, esto representa un verdadero reto, concretamente a la implementación del Sistema Anticorrupción, el cual en este momento se encuentra en pleno periodo de consolidación.

El funcionario subrayó que dicho rubro ha colocado a la entidad como referente nacional y a la vanguardia, ya que el Sistema Nacional Anticorrupción se rige por leyes generales, y con ello se deben seguir los lineamientos que establece en los ámbitos locales.

Cabe señalar que hace dos años se llevó a cabo la reforma constitucional, así como la expedición de leyes reglamentarias, por lo que cuando comenzó la presente administración estatal el marco jurídico ya se encontraba establecido.

Ante estos cambios, la Secretaría de la Contraloría efectuó una reestructura administrativa muy importante, cuyo resultado se materializó el 22 de noviembre del año pasado.

“Dimos un giro de 180 grados para hacerle frente al nuevo marco jurídico, y con ello creamos diferentes unidades administrativas, sin que esto implicará la canalización de recursos económicos adicionales, porque utilizamos las unidades administrativas que ya existían y reacomodamos funciones, y también asignamos nuevas atribuciones”, indicó.

Además, sostuvo que en el pasado una misma autoridad podía realizar una auditoría, investigaba, efectuaba un procedimiento y sancionaba, sin embargo, el nuevo marco jurídico estableció que esto ya no podía ocurrir, por lo que ahora también se distinguen faltas administrativas entre las graves y no graves.

De esta forma, las faltas consideradas graves se encuentran vinculadas o identificadas con hechos de corrupción, entre las que destacan: el soborno, cohecho, desvío de recursos y abuso de poder, los cuales ya no corresponden únicamente a servidores públicos, sino a particulares.

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