Las exhortaciones a encontrar una solución legal definitiva para jóvenes inmigrantes indocumentados continúan con fuerza en Estados Unidos tras el cierre del plazo otorgado a muchos de ellos con el fin de renovar un amparo provisional.

Sin actualizar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, siglas en inglés) quedaron unos 36 mil beneficiarios de la iniciativa hasta el último 5 de octubre, fecha límite impuesta por el Gobierno del presidente norteamericano, Donald Trump.

Existente desde junio de 2012, dicha medida concede protección legal, según fuentes oficiales, a unos 800 mil jóvenes contra la posibilidad de ser deportados.

También permite a quienes arribaron sin papeles a Estados Unidos cuando eran niños permanecer en su territorio, y obtener permisos de trabajo, renovables cada dos años, si cumplen diferentes requisitos.

De acuerdo con David Lapan, vocero del Departamento de Seguridad Nacional, unas 118 mil de las 154 mil personas que cumplían los requisitos para renovar su condición entregaron las solicitudes correspondientes hasta el mediodía del 5 de octubre, cuando faltaban 12 horas para agotar el tiempo otorgado.

Par de jornadas antes, la secretaria en funciones de esta entidad, Elaine Duke, señaló en un comunicado que resultaba imperativo recibir físicamente las solicitudes hasta la medianoche final.

El Gobierno norteamericano, mediante el secretario de Justicia, Jeff Sessions, anunció el fin del DACA el 5 de septiembre pasado, lo cual desencadenó diversas protestas.

Sessions cuestionó además en esa ocasión la legalidad del mecanismo aprobado por orden ejecutiva del entonces presidente, Barack Obama, antecesor del actual ocupante de la Casa Blanca.

Previo al mensaje del fiscal general, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional precisaron que no aceptarían nuevas solicitudes de quienes podrían cumplir los requisitos del programa pero no estaban protegidos hasta el momento.

Asimismo, dieron a conocer que los beneficiarios actuales no se verán afectados hasta el 5 de marzo de 2018, y los poseedores de un permiso que expirara entonces tendrían la posibilidad de solicitar hasta el 5 de octubre una renovación de dos años.

Trump decidió rescindir el DACA, y dio un plazo de seis meses al Congreso para ocuparse del tema, pero no describió cómo desea que el Legislativo lo haga y dejó en manos de senadores y representantes las determinaciones.

La Cámara alta realizó el 3 de octubre la primera audiencia sobre el tema después del pedido del gobernante, y el titular de su Comisión Judicial, el republicano Chuck Grassley, expresó que el mecanismo era inconstitucional.

‘Todos sentimos empatía con los jóvenes que vinieron aquí sin que fuera su culpa. Es hora de encontrar un sendero hacia el consenso. Un plan tiene que incluir una fuerte seguridad fronteriza, y con ello no quiero decir un muro’, señaló según reportes de prensa.

Ante este contexto, Casa Maryland, una organización del estado homónimo en defensa de los inmigrantes, presentó una demanda contra la administración estadounidense.

De acuerdo con ese recurso, la decisión de poner fin al programa estuvo motivada por un ‘ánimo racista’ de parte del jefe de Estado contra los mexicanos y otros centroamericanos.

Buscamos restablecer el DACA y queremos que el Gobierno federal mantenga su promesa de que la información presentada por los beneficiarios, llamados frecuentemente ‘dreamers’ (soñadores), en sus solicitudes sea mantenida en privado y no usada contra ellos, puntualizó el presidente de Casa Maryland, Gustavo Torres.

Medios de prensa divulgaron que una parte de quienes no optaron por la renovación ya lograron regularizar su situación migratoria, o carecían de los 495 dólares necesarios para realizar el trámite.

Senadores demócratas solicitaron a Duke una prolongación de dicho plazo debido al factor económico y las consecuencias del azote de los recientes huracanes Harvey, Irma y María en Texas, Florida, Puerto Rico e Islas Vírgenes estadounidenses.

La respuesta del Departamento de Seguridad Nacional fue ampliar el tiempo para los soñadores residentes en los dos últimos territorios y prometer la evaluación de forma específica en casos puntuales.

Instamos a los republicanos de la Cámara de Representantes a poner a un lado la política partidista y unirse a nosotros para pedir un voto de la iniciativa de Ley Dream, manifestó recientemente la congresista demócrata Michelle Lujan Grisham.

Dicha propuesta otorgaría un estatus de residente condicional a los dreamers, y se cancelarían las órdenes de deportación que pesan sobre ellos.

Por su lado, la administración entregó el 8 de octubre al Legislativo una larga lista de demandas que deberán cumplirse antes de alcanzar un pacto sobre los hasta ahora beneficiarios del DACA.

Según las opciones divulgadas, antes de permitir el otorgamiento de un estatus legal a los soñadores, Trump insistirá en conseguir financiamiento para su polémico muro en la frontera con México y la contratación de otros 10 mil agentes de inmigración.

Las exigencias incluyen negar fondos federales a las llamadas ciudades santuario (urbes a favor de los inmigrantes sin papeles), mayores recursos para perseguir a los indocumentados, leyes más estrictas destinadas a los solicitantes de asilo, y el endurecimiento de la línea divisoria contra la entrada de niños centroamericanos.

Además, buscan cambiar el sistema de inmigración legal de Estados Unidos, que actualmente prioriza las conexiones familiares, por uno basado en el mérito de los solicitantes.

‘Sin estas reformas, continuarán la inmigración ilegal y la migración en cadena, que grave e injustamente imponen una carga a los trabajadores y contribuyentes estadounidenses’, expresó Trump en una carta al Congreso.

Con DACA o sin DACA, somos inmigrantes, y hemos luchado mucho en Estados Unidos, y lo vamos a seguir haciendo para mejorar nuestras vidas, manifestó a Prensa Latina el mexicano Norberto López, de 23 años de edad y 22 como residente en el estado de California.

‘Proseguiremos adelante hasta el final, hasta que recibamos una propuesta que respete a todos los inmigrantes en este país’, recalcó el graduado universitario de Sociología en medio de una manifestación frente a la Casa Blanca el mes pasado.

A juicio del ecuatoriano Luis Yumbla, quien vive en Nueva York hace más de dos décadas, resulta necesario defender este programa pues los beneficiarios son personas muy estudiosas y trabajadoras que ayudan a su familia.

Nuestros hijos, agregó, se integraron a la cultura estadounidense, quieren a este país, respetan sus valores, y contribuyen a la economía local.

Para la mexicana Valeria Mejía, alumna de nivel superior en esta capital, el DACA representa la posibilidad de estudiar, formarse y después aportar a la comunidad.

Como han expresado, podrán quitar este programa, pero no acabarán con la dignidad de estos muchachos, sostuvo el profesor estadounidense Louis Rollins.

Tenemos una gran oportunidad de resolver el problema de los traídos acá en la infancia y asimismo de todas las deficiencias del sistema de inmigración que no funciona, estimó el senador republicano David Perdue.

Pero Jeff Flake, colega de Perdue y miembro del mismo partido, consideró: ‘ Con el plazo disponible para el DACA, me parece poco realista pensar que vamos a producir una reforma integral sobre inmigración’.

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